Con el objetivo de transformar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en una realidad tangible en Durango, la diputada Dany Soto, presentó iniciativa de reforma la constitución del estado para incorporar forma explícita la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la perspectiva de género en la asignación del presupuesto público.
Con esta reforma se busca que esta igualdad no sea solo declarativa o aspiracional, sino que tenga un impacto directo en las políticas públicas, los programas gubernamentales y el acceso efectivo a derechos para todas las mujeres del estado.
Esta reforma constitucional representa un paso decisivo hacia un Durango más igualitario, justo y libre de violencias. Reconoce que no basta con la igualdad formal, sino que se requieren acciones concretas, institucionalizadas y con presupuesto asignado para que los derechos de las mujeres sean una realidad en todos los espacios de la vida pública y privada.
La iniciativa parte del reconocimiento al papel fundamental que han jugado las mujeres, tanto visibles como anónimas, en la construcción del país y de sus instituciones democráticas.
A pesar de los avances normativos y de representación política, la desigualdad de género sigue siendo una realidad cotidiana reflejada en brechas salariales, exclusión de espacios de poder, precariedad laboral, limitaciones en servicios básicos y violencia estructural.
Se retoman las reformas impulsadas por la presidenta de la república en octubre de 2024, que obligan a los estados a garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres, particularmente a vivir libres de violencia y a una vida digna.
Aunque la Constitución de Durango menciona el término “igualdad” en diversas materias, no establece explícitamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ni contempla la perspectiva de género como principio obligatorio en la elaboración y aplicación del presupuesto público.
El principio de progresividad en materia de derechos humanos obliga a avanzar sin retrocesos. Por ello, se plantea armonizar la Constitución estatal con el marco nacional, impulsando medidas afirmativas que hagan efectiva la paridad y la igualdad sustantiva.
La propuesta pretende garantizar que en todos los niveles de gobierno —desde la educación y salud, hasta el empleo y la representación política— las políticas públicas estén orientadas a cerrar brechas de desigualdad y promover condiciones equitativas para el desarrollo de las mujeres.
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