En medio de una disputa mediática que acarreó consecuencias legales, la semana que acaba de terminar de vio marcada por noticias en torno a un servicio de transporte gratuito para estudiantes llamado “Fosfocombi”, iniciativa social con perspectiva electoral a cargo de Movimiento Ciudadano en Durango.
Una vez que el coordinador de regidores de este partido en el Ayuntamiento, Pancho Franco, anunció la puesta en marcha de una unidad móvil gratuita para movilizar a estudiantes sin recursos económicos, casi de manera inmediata sirvieron las protestas del gremio transportista, aquéllos que tienen desde hace muchos años el monopolio de las concesiones que otorga el estado.
Tras una protesta a las afueras de Cabildo en la última sesión, los concesionarios perpetuos de la movilidad en Durango demandaron la ilegalidad del citado servicio y pidieron su inmediato cece.
Al día siguiente, Gobierno del Estado, a través de su Secretario general, le da el espaldarazo a los sempiternos concesionarios y declara que es ilegal la Fosfocombi; por ello insta a sus promotores para que la retiren de circulación, so pena de aplicar sanciones.
De esta manera un proyecto con matices electorales y envoltura social, ha sido desactivado en aras de proteger a un gremio que durante años ha gozado de la simpatía del Estado. A final de cuentas quedó como un intento fallido por ayudar a un sector vulnerable, mientras que la autoridad dió un golpe en la mesa, en medio de infinidad de omisiones contra quienes siguien desempeñando la actividad del transporte al margen de la normativa.
Fosfocombi: el vehículo de la discordia entre autoridades del transporte, choferes y gestores sociales .
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