La diputada Nadia Milán Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, con el propósito de fortalecer la calidad de los servicios que ofrecen los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones en Durango, mediante mejores condiciones de atención, seguridad y profesionalización.
La legisladora señaló que las personas que ingresan a estos espacios suelen encontrarse en condiciones de vulnerabilidad física y emocional, por lo que consideró indispensable que el Estado garantice atención digna, segura y profesional, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Explicó que la propuesta contempla mecanismos de colaboración institucional, capacitación permanente del personal, mejora de infraestructura y aplicación de protocolos de protección que permitan salvaguardar tanto a las personas usuarias como a quienes laboran en dichos centros.
“Las adicciones representan uno de los desafíos más complejos para las instituciones de salud pública, debido a las múltiples consecuencias que generan en los ámbitos personal, familiar, social y económico”, expresó la también presidenta de la Comisión de Salud Pública.
Nadia Milán destacó que, de acuerdo con datos estatales, en Durango la población adolescente de entre 12 y 17 años registra una incidencia de consumo de drogas del 2.8 por ciento, cifra similar al promedio nacional de 2.9 por ciento. Asimismo, indicó que el grupo de jóvenes y adultos de 18 a 34 años presenta una incidencia del 10.3 por ciento en consumo de cualquier droga, superando el promedio nacional de 7.5 por ciento.
Ante este panorama, la legisladora consideró prioritario fortalecer los centros de rehabilitación, ya que representan para muchas familias una alternativa de acompañamiento profesional, orientación psicológica y atención integral para enfrentar problemas de adicciones.
Sin embargo, advirtió que en diversos casos se han documentado incidentes graves relacionados con el funcionamiento de algunos centros, entre ellos incendios, riñas, actos de violencia, accidentes, operativos de revisión e incluso fallecimientos, lo que evidencia la necesidad de reforzar la regulación y supervisión de estos establecimientos.
“Todavía existen centros que operan sin condiciones adecuadas de infraestructura, sin protocolos suficientes de actuación o sin personal capacitado para atender situaciones de riesgo, emergencias o crisis, lo que representa una amenaza tanto para las personas usuarias como para quienes laboran en esos espacios”, puntualizó.
