Promueve Jugocopo procesos de entrega-recepción más transparentes y eficientes

Con el objetivo de fortalecer la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica en los cambios de administración, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado propusieron reformas a la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios.
La iniciativa, encabezada por el coordinador parlamentario y presidente de la Jugocopo, Ernesto Alanís Herrera, busca establecer reglas más claras para que los servidores públicos de los Poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y demás entes que administren recursos públicos entreguen de manera ordenada los recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación e información bajo su resguardo al concluir sus funciones.
De acuerdo con la propuesta, las reformas permitirán actualizar el marco normativo vigente y armonizarlo con la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consolidando procesos de transición más eficientes y acordes con los principios de Gobierno Abierto.
Entre los principales cambios destaca el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, que tendría la facultad expresa de emitir formatos y modelos de actas aplicables a todos los sujetos obligados, con el fin de homologar procedimientos y brindar mayor certeza jurídica.
Asimismo, se plantea ampliar los plazos relacionados con notificaciones, requerimientos y diligencias para hacerlos más acordes a la operación de las instituciones públicas, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de quienes participan en estos procedimientos.
La iniciativa también contempla la posibilidad de realizar juntas de aclaración posteriores a la firma de las actas de entrega-recepción, con el propósito de solventar inconsistencias y fortalecer la integridad de los procesos. De igual forma, actualiza las obligaciones de los servidores públicos entrantes para reportar posibles irregularidades detectadas durante la revisión de bienes, recursos y documentos recibidos.
Otro de los aspectos relevantes es la incorporación de la figura de la entrega preliminar, mecanismo que busca garantizar la continuidad operativa de las instituciones durante los cambios de administración, especialmente en asuntos urgentes, recursos y archivos.
Finalmente, la propuesta amplía la información que deberá integrarse en las actas de entrega-recepción, incluyendo la estructura orgánica, el marco jurídico aplicable, los programas en ejecución y un informe ejecutivo, herramientas que facilitarán la toma de decisiones y las labores de fiscalización en beneficio de una administración pública más transparente y cercana a la ciudadanía.