El Congreso del Estado aprobó las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en materia de la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer.
La Comisión de Puntos de Constitucionales elaboró el dictamen en base a las iniciativas que en su momento presentaron los grupos Parlamentarios de Morena y del PAN.“Dejaremos de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias duranguenses y velaremos porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos” destacó el respecto la diputada Sandra Amaya Rosales
Dijo que se está dando un paso gigantesco, pues hay unión para que niñas, niños adolescentes nunca más tengan que carecer de sus pensiones alimenticias.
La legisladora local reconoció el trabajo de los diputados de la comisión de puntos constitucionales por llevar al pleno, este dictamen votado por unanimidad porque representa un acto de justicia para los infantes.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Alejandro Mojica, dijo que es momento de no permitir más que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres, de tantas niñas, niños y adolescentes que solo buscan vivir en paz, con dignidad y con justicia.
“Hoy no venimos solo a votar una reforma, venimos a levantar la voz por quienes han sido silenciados por años, por quienes han sufrido abusos, por quienes cargan con cicatrices físicas y emocionales que ninguna ley por sí sola podrá borrar, pero que sí debemos evitar que se repitan. Porque la política solo tiene sentido cuando se traduce en esperanza, en justicia, en protección verdadera para quienes más la necesitan” añadió.
El dictamen se sometió a consideración para fortalecer el marco constitucional del Estado de Durango en una de las tareas más importantes, que es garantizar la vida libre de violencia para las mujeres, las niñas, los niños, y toda persona víctima de agresiones sexuales, mencionó el diputado del PAN.
“Esta reforma no es una ocurrencia ni una moda: es una respuesta firme al mandato internacional, como lo establece la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, pero también es el cumplimiento de una exigencia nacional, derivada de la reforma al artículo 38 de la Constitución Federal y de políticas como la 3 de 3 contra la violencia” dijo.
Subrayó que en Acción Nacional están convencidos de que quienes han atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de otros, no tienen cabida en el servicio público. “No podemos permitir que agresores sexuales, violentadores de mujeres o deudores alimentarios aspiren a representarnos o tomen decisiones por las familias de Durango”.
Esta reforma es más que una armonización: es un mensaje claro de que Durango no tolerará la impunidad, que la política debe estar al servicio de la justicia y no de intereses personales. Y que la protección de los derechos alimentarios de nuestras niñas y niños también es prioridad, porque no se puede aspirar a un cargo público quien es incapaz de cumplir con sus obligaciones más básicas como ser humano, concluyó el diputado.
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