La mañana de este miércoles, en el Congreso del Estado de Durango se aprobó por unanimidad la reforma constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones en el sector público, como parte del proceso del Constituyente Permanente.
Con esta modificación, se determina que ningún esquema de retiro podrá superar el 50 por ciento del salario asignado a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, marcando un nuevo parámetro para las percepciones en el servicio público.
La iniciativa que se originó desde la presidencia de la república y después fué enviada al Congreso de la Unión donde posteriormente se aprobó durante la cuarta sesión ordinaria.
El alcance de la reforma incluye al personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos federales, quienes deberán ajustarse a este límite. La disposición también aplica a entidades estatales y municipales, abarcando empresas con participación pública mayoritaria y organismos paraestatales.
Sin embargo, el dictamen contempla excepciones específicas. Quedan fuera de esta regulación las prestaciones correspondientes a las Fuerzas Armadas, así como aquellas pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales de retiro, sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión no contributiva establecida en la Constitución federal.
Con esta medida, se busca homologar criterios en materia de retiro dentro del sector público y establecer un control en el monto de las pensiones otorgadas por distintas instancias gubernamentales.
Congreso en Durango avala eliminar las Pensiones Doradas
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