El patrimonio de las mujeres y adultos mayores deber ser intocable: Sandra Amaya

Con el objetivo de mecanismos legales que permitan al Ministerio Público solicitar de manera inmediata la restitución provisional del bien inmueble materia de despojo, cuando existan elementos suficientes, especialmente cuando la víctima sea mujer o persona adulta mayor, la diputada Sandra Amaya, presentó una iniciativa en sesión ordinaria del congreso local.
La legisladora del grupo parlamentario “Cuarta Transformación”, propuso que se incrementa la pena mínima de 3 meses a 6 años; la máxima de de 5 a 12 años de prisión, así como que se incorporen agravantes cuando la víctima sea mujer o persona mayor de 60 años.
También propuso el reconocimiento del despojo como una forma de violencia estructural cuando afecta a mujeres adultas mayores, madres solteras, mujeres indígenas o en situación de pobreza; y que se proteja el derecho humano a la vivienda y se busca erradicar la impunidad en estos casos.“Desde este Congreso vamos a defender el patrimonio de nuestras familias duranguenses para terminar con los abusos que por muchos años han sido invisibilizados” dijo la diputada de MORENA.
La reforma responde a casos donde víctimas, ante la inacción de autoridades, toman justicia por su mano, lo que termina por criminalizarlas.
El objetivo es que ninguna persona vulnerable quede en estado de desamparo legal.
Existe la falta de herramientas legales para actuar de manera inmediata en casos de despojo revictimiza a las personas afectadas.
Las mujeres adultas mayores enfrentan condiciones especialmente críticas al ser despojadas de su vivienda.
En otras entidades han ocurrido casos en los que víctimas fueron convertidas en victimarias por la falta de acción oportuna del Estado.
Durango no es ajeno a esta problemática y que la desconfianza en las instituciones ha agravado la descomposición social.
La iniciativa se alinea con los principios de justicia social y protección de los derechos humanos impulsados por la Cuarta Transformación. Busca atender un problema estructural con una respuesta legal inmediata, efectiva y sensible a las condiciones de las personas más vulnerables.