El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una serie de reformas electorales y municipales para armonizar la legislación local con los cambios constitucionales federales conocidos como “Plan B”, durante una extensa jornada legislativa que concluyó la madrugada del 27 de mayo.
Las modificaciones aprobadas incluyen reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango, con el objetivo de adecuar el marco jurídico estatal antes del plazo establecido por la Federación, fijado para el próximo 30 de mayo de 2026.
La iniciativa fue presentada por las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el diputado Ernesto Alanís Herrera, quien destacó la importancia de cumplir con el mandato constitucional federal.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos a partir del proceso electoral 2029-2030, salvo en casos específicos de suplentes que no hayan ejercido el cargo.
Asimismo, se aprobó la reducción de 21 a 18 años como edad mínima para contender por cargos municipales, medida que busca ampliar la participación política de las juventudes duranguenses.
En cuanto a la integración de los ayuntamientos, el municipio de Durango reducirá de 17 a 15 el número de regidurías, mientras que Gómez Palacio y Lerdo conservarán las 15 actuales.
Las reformas también establecen nuevas reglas para las campañas electorales. Las campañas para la gubernatura tendrán una duración máxima de 50 días, mientras que las correspondientes a diputaciones locales serán de 35 días.
En materia de elegibilidad, se determinó que no podrán aspirar a cargos públicos quienes hayan sido sentenciados por delitos intencionales graves, corrupción con inhabilitación, o violencia política contra las mujeres por razón de género. Además, se impedirá participar a personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Otro de los puntos aprobados establece restricciones para evitar vínculos familiares directos con funcionarios salientes dentro de un mismo ayuntamiento cuando se busque contender por el mismo cargo.
Las reformas incorporan además lenguaje incluyente y fortalecen el principio de paridad de género, incluyendo la obligación de alternancia de género en las candidaturas a la gubernatura.
Finalmente, se homologaron disposiciones salariales para consejeros y funcionarios electorales, estableciendo que sus remuneraciones no podrán ser iguales o superiores a la de la persona titular de la gubernatura del estado.
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