El Observatorio Ciudadano de Durango manifiesta su profunda
preocupación por el aumento y persistencia de las desapariciones de personas en
el país y en nuestra región.
Con base en datos oficiales y fuentes periodísticas verificadas, el organismo formula un llamado urgente a la coordinación interinstitucional entre los gobiernos de Sinaloa y Durango, sus fiscalías, comisiones locales de búsqueda y autoridades municipales de Mazatlán, Culiacán, Durango capital y Gómez Palacio.
Reiteramos -establece el comunicado del OCD- nuestra profunda preocupación por el repunte de desapariciones en México, particularmente en los estados de Sinaloa y Durango.
Sólo en el país se reportan cerca de 40 personas desaparecidas cada día. En Sinaloa se superan los 5 000 registros históricos de personas no localizadas y, en Durango, entre enero y septiembre de 2025 se documentaron 93 casos, con mayor incidencia en Durango
capital (41) y Gómez Palacio (18).
De este total, agrega el organismo, al menos siete personas originarias de Durango han desaparecido en el estado de Sinaloa —principalmente en Mazatlán—, lo que refleja la necesidad urgente de coordinación interinstitucional entre ambas entidades para atender estos casos.
Afirma a la vez que es evidente una grave falla en la coordinación interestatal: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que “no tiene nada que hablar con el gobernador de Durango”, mientras la fiscalía duranguense advierte de desapariciones de
duranguenses en Mazatlán y la autoridad sinaloense rechaza emitir alerta.
Ante ello, el Observatorio exige la instalación inmediata de una mesa interestatal de
búsqueda, la publicación de datos abiertos municipales, y un protocolo homologado
para la atención de familias afectadas.
Considera que las familias y la sociedad merecen verdad, justicia y corresponsabilidad.
Las desapariciones no pueden seguir siendo un tema de discursos ni de
competencia política. Son una tragedia humana que requiere unidad, voluntad y
acción inmediata. La sociedad demanda verdad, justicia y cooperación real entre
autoridades para detener esta crisis que hiere a nuestras comunidades y a todo el
país, concluye el documento.
