Pretenden dar trabajo comunitario a infractores

Con iniciativa de Ernesto Alanís Herrera, diputado de la coalición parlamentaria “Unidad y Valor por Durango”, se pretende dotar a los 39 municipios del estado de un marco legal común que permita atender faltas administrativas y conflictos comunitarios mediante un modelo de justicia cívica, eficiente, restaurativo y preventivo.
“Crear nuevos mecanismos y fortalecer los que ya existen es fundamental para garantizar la seguridad y lograr una vida más tranquila y armoniosa para todos” mencionó el legislador del PRI. Además, se busca ofrecer alternativas a las sanciones comunes como multas o arrestos. Por ejemplo, que las personas puedan participar en actividades comunitarias, programas sociales o terapias, si así lo deciden voluntariamente, mediante un acuerdo firmado ante el juez.
Las autoridades municipales son las primeras en atender conflictos cotidianos, por lo que deben contar con herramientas eficaces para prevenir delitos y resolver problemas antes de que escalen.
El modelo propone atender las causas sociales de las faltas, fomentar la cultura de la legalidad y reparar el daño causado, más allá del castigo.
Se requiere capacitar jueces, policías y funcionarios; actualizar conceptos legales; y aplicar procedimientos eficaces con alternativas a las sanciones tradicionales. Estados como Guanajuato, Chihuahua, CDMX y Nuevo León ya cuentan con legislación en la materia, con buenos resultados.
​La Suprema Corte validó en la acción de inconstitucionalidad 70/2019 que los congresos estatales pueden legislar sobre justicia cívica, incluso sin ley federal general.
Aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre contempla el modelo, su aplicación es irregular o inexistente en varios municipios, lo que genera disparidad e ineficiencia.
El contenido central de la propuesta, incluye un procedimiento claro para aplicar la justicia cívica, catálogo de faltas administrativas y sanciones, lineamientos para programas de rehabilitación, atención a adicciones y colaboración con sociedad civil.
​Así mismo se pretende el fortalecimiento del rol de jueces cívicos y autoridades municipales en la resolución de conflictos, y alternativas a multas y arrestos, como trabajo comunitario o terapias, mediante acuerdos voluntarios.