Para incorporar la presunción de la legítima defensa en casos de violencia de género, tanto para las mujeres que se defienden como para las personas que actúan en su auxilio, la diputada Delia Enríquez Arriaga propuso reformar el Código Penal del Estado. Durante la sesión de la Comisión Permanente, comentó que, de aprobarse, Durango se convertiría en el tercer estado del país en avanzar en la protección integral de las mujeres en materia de legítima defensa, enviando un mensaje claro de solidaridad y responsabilidad institucional. “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Explicó que la iniciativa propone que se presuma la legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando la agresión se cometa en perjuicio de una mujer que sea víctima o se encuentre en riesgo de violencia de género, así como cuando esta agresión sea repelida por un tercero en auxilio de ella.
Asimismo, establece la obligación del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales de actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de esta causa de justificación, sin que sea requisito la existencia de antecedentes previos de violencia.
La integrante de Morena, consideró que los cambios sociales y la persistencia de la violencia institucionalizada, el machismo sistemático, la misoginia y otras formas de discriminación han obligado a los sistemas jurídicos a evolucionar, a fin de brindar una mayor protección a las niñas, jóvenes y mujeres en general.
Destacó que, si bien las instituciones de procuración e impartición de justicia han avanzado en la atención a las víctimas desde una perspectiva multidisciplinaria, existe un tema poco abordado; la reacción natural de las mujeres que, ante una agresión, actúan para proteger su integridad, sus bienes o a sus familias, muchas veces movidas por el instinto de supervivencia y ante el miedo o la desconfianza hacia el sistema de justicia.
En su intervención, Delia Enríquez explicó que la legítima defensa ya es reconocida en el marco jurídico mexicano como una causa de justificación que excluye la responsabilidad penal, siempre que se acrediten elementos como la agresión injusta, actual o inminente, la necesidad de la defensa, la racionalidad de los medios empleados y la ausencia de provocación.
La diputada recordó que este tipo de reformas ya han sido aprobadas en estados como Baja California y Tamaulipas, mientras que en Chihuahua avanzan en comisiones legislativas, donde incluso existen mujeres privadas de la libertad por haberse defendido de agresores tras sufrir violencia reiterada.
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