Propone diputada Vero González exigir Certificado de No Deudor Alimentario a quienes pretendan cargos populares

Con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la ética en el servicio público, la diputada Verónica González Olguín, propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, para establecer como requisito presentar el “Certificado de No Deudor Alimentario” para quienes aspiren a cargos de elección popular y a integrar órganos electorales.
“La justicia no puede ser indiferente cuando hay niñas y niños que esperan lo más básico para vivir con dignidad. Gobernar no es solo ocupar un cargo, es asumir responsabilidad todos los días, empezando por cumplir con quienes más nos necesitan”, expresó durante la sesión de la Comisión Permanente.
En ese sentido, explicó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y el Certificado de No Deudor Alimentario, respaldados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son herramientas que permiten garantizar que quienes aspiran a cargos públicos actúen con responsabilidad y apego a la ley.
“Este certificado no castiga, garantiza. Garantiza que la ley se aplique con justicia y que la niñez esté en el centro de las decisiones públicas”, puntualizó la integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
Al respecto, detalló que la iniciativa contempla que dicho certificado sea un requisito obligatorio para el registro de candidaturas a cargos de elección popular, así como para quienes aspiren a ser presidentes, secretarios o consejeros electorales de los consejos municipales.
“Quien cumple con sus hijas e hijos demuestra que está listo para cumplirle a la sociedad. Proteger a la niñez no es opcional, es una obligación moral y legal. En Durango, el futuro se defiende con hechos, no con excusas”, concluyó. La legisladora consideró que cumplir con las obligaciones alimentarias no es solo un deber legal, sino un compromiso moral con los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
“La congruencia entre la vida personal y la función pública es clave para fortalecer la credibilidad del Estado”, afirmó.