Propone Otniel García obligar a municipios a rendir cuentas semestrales sobre sus planes de desarrollo

Con el objetivo de imponer como obligación legal que cada ayuntamiento del estado presente de manera semestral los avances concretos de sus Planes Municipales de Desarrollo ante el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Otniel García Navarro, propuso reformas a la ley de planeación del estado.
Con estas reformas se busca pasar de un modelo de opacidad a evaluación, y de simulación a fiscalización efectiva, al tiempo que se obliga a los Ayuntamientos a rendir cuentas con mayor frecuencia y precisión sobre el avance de sus compromisos de desarrollo.
Así mismo se promueve un ejercicio de gobierno más transparente, medible y orientado a resultados.
“Gobernar no es administrar ni proteger la opacidad, sino rendirle cuentas claras al pueblo, la transparencia no se invoca, se practica. Esta reforma establece reglas claras, plazos fijos y mecanismos de revisión efectivos, la Cuarta Transformación no puede permitir que los Planes Municipales sean documentos decorativos: deben ser guías reales, evaluables y sujetas a revisión” dijo el diputado de Morena.
En México, existen más de 2,460 municipios que ejercen más de 570 mil millones de pesos al año, pero menos del 30% rinden cuentas claras y periódicas sobre sus planes de desarrollo.
Actualmente, los Planes Municipales de Desarrollo solo se presentan al inicio de cada administración y su seguimiento es anual o nulo, lo que propicia falta de vigilancia real, opacidad y simulación. La reforma se sustenta en el artículo 134 de la Constitución, que establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Refuerza los principios de la Cuarta Transformación: legalidad, transparencia y el poder al servicio del pueblo.
La propuesta no representa una carga administrativa adicional, sino una exigencia de cumplimiento real y periódico de los compromisos asumidos por los gobiernos municipales.
Más del 80% de los municipios del país tienen observaciones pendientes en sus cuentas públicas, lo que evidencia la urgencia de establecer mecanismos claros, periódicos y fiscalizables.