El sector empresarial de Durango expresó su rechazo a la reforma constitucional en materia de vivienda y sus impactos en la Ley del INFONAVIT. En conferencia de prensa, líderes de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Coparmex, expresaron su preocupación ante la centralización de decisiones en el gobierno mediante el aumento de su representación en órganos clave como la Comisión de Vigilancia y los Comités de Auditoría y Transparencia, lo cual podría debilitar los contrapesos esenciales para garantizar una administración equilibrada y transparente “Rechazamos categóricamente que la reforma secundaria permita al INFONAVIT disponer de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de los trabajadores, los cuales ascienden a más de dos billones de pesos. Estos fondos son propiedad exclusiva de los trabajadores y están destinados únicamente a garantizar su derecho a una vivienda digna, no a otros fines” resaltó Salvador Chávez Molina, presidente de Canadevi en Durango.
“Es crucial recordar que los recursos de la subcuenta de vivienda son un patrimonio exclusivo de los trabajadores. Cualquier intento de utilizarlos con otros propósitos genera incertidumbre y pone en riesgo la confianza en el sistema de vivienda en México” dijo.
Hay preocupación por la desaparición de figuras clave, como los directores sectoriales, y la creación de una mega desarrolladora que, al no pagar impuestos ni estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representaría una competencia desleal para el sector privado, que opera bajo estrictas normativas fiscales y regulatorias.
Por lo anterior, los presidentes de organismos empresariales hicieron un llamado a los legisladores federales y demás actores involucrados en esta reforma a preservar el modelo tripartito que ha sido la base del éxito del INFONAVIT, proteger los recursos de los trabajadores, garantizando su administración transparente y su destino exclusivo para la adquisición de vivienda digna, y evitar medidas que afecten la competencia y el equilibrio en el mercado inmobiliario.
